Por Ximena Simpson

En la madrugada del jueves 5 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño rechazó por 6 votos a 5 el pedido de hábeas corpus del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitado por la defensa para evitar su encarcelamiento antes de la finalización del proceso acusatorio. El Juez Sergio Moro del Tribunal Regional de Justicia N.º 4 emitió inmediatamente su orden de detención.

El recurso fue denegado en base a una jurisprudencia con validez desde 2016. Esta jurisprudencia, que contradice el propio texto de la Constitución, está a la espera de revisión desde 2017 en ese mismo Tribunal a través de dos acciones declaratorias de constitucionalidad, una de ellas solicitada por la Orden de Abogados de Brasil. La Carta Magna defiende el supuesto de la inocencia y, por lo tanto, el encarcelamiento solo puede efectuarse luego de agotados todos los recursos judiciales posibles.

Ambas acciones declaratorias esperan su discusión en el plenario del STF desde diciembre de 2017, pero la presidente de la Corte, ministra Carmen Lúcia, se negó a definir una fecha para su discusión.

La acusación que determinó la condena de Lula en dos instancias atribuyó al exmandatario el haber aceptado y reformado un departamento triplex en la ciudad costera de Guarujá (San Pablo) a cambio de contratos públicos con la constructora OAS. La principal prueba del cargo se sostiene con la confesión del empresario Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, quien recibió beneficios penitenciarios para reducir su pena.

El triplex fue parte de un conjunto residencial iniciado por una cooperativa. De acuerdo con el expresidente, su familia pagó una cuota al momento inicial de la construcción. La cooperativa quebró y sus promotores lograron que la constructora OAS se hiciera cargo de la continuidad del proyecto. OAS dio entonces a los inversores la opción de recuperar el dinero o pagar el saldo restante para conservar la propiedad. Según lo declarado por el expresidente, ni él ni su esposa llegaron a hacer una cosa u otra.

Algo no menor es el hecho de que en enero de 2017 el juez Sergio Moro ordenó subastar ese mismo triplex y entregar el dinero de la subasta a la víctima del mayor proceso de corrupción de la historia de Brasil, Petrobrás. Según declaraciones del propio juez, “el departamento pertenece oficialmente a OAS, pero el dueño de facto es Lula”. Paradójicamente, el inmueble ya había sido embargado por una jueza de Brasilia en una causa por la quiebra fraudulenta de la empresa OAS, que figura como propietaria del departamento.

El presidente más popular de la historia reciente de Brasil y con el 37 % de las intenciones de voto para las próximas elecciones de octubre está en la cárcel a partir de una sentencia basada en indicios de pruebas y de la negación de un hábeas corpus que, según la Orden de Abogados de Brasil y varios ministros del propio TSF (por lo menos 5 de 11), hiere la Constitución.

En los últimos años, Brasil ha sido un ejemplo de combate contra la corrupción, principalmente en lo vinculado con contratos de obra pública y con sobornos a políticos en puestos de alta jerarquía. La ya conocida Operación Lava Jato, en la cual se enmarca el pedido de prisión de Lula, generó no solamente resultados positivos en la lucha contra la corrupción endémica, sino que también despertó un mayor interés en la opinión pública sobre el valor de la transparencia en los intercambios políticos.

Debemos recordar que el fortalecimiento y la mayor independencia de la Policía Federal y del Ministerio Público (Fiscalía) son el resultado de políticas iniciadas durante el gobierno de Lula da Silva. En términos del combate contra la corrupción, la policía realizó 1060 operaciones contra apenas 48 registradas en los ocho años de la administración anterior. La misma tendencia persistió en los mandatos de Rousseff: entre 2011 y 2015 fueron realizadas 1790 operaciones (datos obtenidos de la página de la Policía Federal).

Sin embargo, si bien esta agenda anticorrupción parece encauzar el camino hacia el fortalecimiento de los cimientos republicanos, al tocar las estructuras más enraizadas del poder también abrió una caja de Pandora que parece estar llevando a Brasil hacia un caos político-institucional.

La práctica corruptiva es el dispositivo de intercambio político que, más allá de los innegables avances sociales e institucionales, permanece como elemento central de las relaciones de poder en gran parte de nuestras democracias latinoamericanas —y en la brasileña, sin lugar a dudas—.

Entre el “sálvese quien pueda” y el juego ególatra y vanidoso de los jueces que encarnan la figura de los “justicieros” —intermediados por una opinión pública atónita y con sed de justicia frente al despilfarro ostentoso—, las reglas más básicas de la Constitución Ciudadana de 1988 pasaron a adoptar una plasticidad reveladora en su búsqueda de un chivo expiatorio.

Más allá de las opiniones subjetivas sobre Lula y su trayectoria, es claro que la ambición de poder y notoriedad de algunos y los manotazos de ahogados de otros están encorvando los pilares más básicos de las instituciones democráticas y republicanas que consolidaron la Constitución brasileña de 1988.

En el Brasil actual, la Constitución es interpretada según las circunstancias. O, como se dice por aquellos pagos, “Ao gosto do freguês. E agora, José?”

Ximena Simpson

Es politóloga especialista en política comparada latinoamericana. En particular, estudia los determinantes políticos y económicos de las políticas públicas en contextos federales, con énfasis en los casos de Brasil y la Argentina.

Es investigadora y docente de la EPyG y además dirige la red de investigación “Capacidades estatales en Estados multinivel. Un análisis de la relación entre dinámicas políticas y burocracias en Brasil y en la Argentina”, integrada por investigadores de universidades brasileñas, argentinas y norteamericanas.

Es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos (IESP) de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ) y magíster en Ciencia Política por el Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ).

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