La creación de un Programa de intervención en el marco de una institución educativa fue un desafío en varios sentidos: en primer lugar, en lo referido a los límites e incumbencias de la Universidad en tratamiento de casos; en segundo lugar, en el atendimiento de vínculos que se dan en el seno de la comunidad universitaria, en los que aparece la exigencia de incorporar a la problemática al “agresor”  —lo cual es poco frecuente ya que la mayoría de espacios de atención y de bibliografía sobre la violencia se centran en las mujeres víctimas—.

Aquello supuso pensar esquemas que pusieran en marcha medidas protectivas hacia quienes padecen situaciones de violencia, que no fueran en detrimento de otros derechos que debemos igualmente garantizar (como el derecho a la educación, en el caso de los estudiantes, o los derechos laborales, en el caso de los trabajadores).

El paradigma de la violencia de género del cual partíamos se tornó, con el tiempo, insuficiente para dar cuenta de las manifestaciones de la violencia que observábamos en los casos dentro de la Universidad, ya que no contemplaban el rol de las mujeres ni su participación más allá de su ejercicio de resistencia. Aparece entonces el tercer desafío: la búsqueda de marcos teóricos alternativos que brinden herramientas conceptuales para abordar la violencia desde una perspectiva que tome en consideración la interacción.

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PCVG