Por Gaspar Grieco

Los libros de historia brasileños recordarán el 31 de agosto del 2016 como el día en que el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que llevó las riendas del gigante latinoamericano durante 13 años, llegó a su fin. La presidenta electa Dilma Rousseff, quien fue reelegida en el 2014 por 54 millones de personas, fue destituida por el voto de 61 senadores de los 81 que integran el Parlamento. De este modo, el mandatario interino, Michel Temer –vicepresidente de la fórmula de Rousseff en el 2014– llevará la banda presidencial hasta el 2018.

“El Gobierno del PT significó el proceso redistributivo más importante que existió en uno de los países históricamente más desiguales del planeta”, asegura Lucas González, secretario de planificación de la UNSAM. González señala que, en los 13 años en los que Lula Da Silva y Dilma Russeff administraron Brasil, este se convirtió en el país que, en términos de valor absoluto, “más población sacó de la pobreza extrema: alrededor de 25 millones de personas”.

Lucas González, secretario de planificación de la UNSAM

¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la destitución de la mandataria? La respuesta dista de ser sencilla. En el juicio político que culminó el miércoles, Rousseff no fue acusada por cargos de corrupción, sino por ser responsable de enmascarar cuentas de gobierno para ocultar un déficit fiscal, es decir, un delito administrativo.

González explica que la Constitución brasileña deja abierta la posibilidad de iniciar un procesamiento a un presidente por delitos administrativos, pero advierte que es muy discutible que este caso fuera causal de un juicio político: “Un tercio de los senadores que juzgó a Dilma están procesados o camino a serlo en la causa por el ‘Lava Jato‘, un escándalo de corrupción central en Brasil que, sobre un esquema de lavado de dinero que habría movido más de 10.000 millones de reales, hoy es considerada la mayor estafa de la historia de Brasil, con el agravante de que aún resta definir si Temer será procesado o no. A Dilma no le encuentran ninguna causa, ningún vínculo con ese escándalo, por eso las razones son políticas. Incluso muchos analistas coinciden en que no fue crimen sino un mecanismo administrativo muy usual”.

A contramano de esta lógica, en los últimos meses se vieron populosas marchas en Brasil en apoyo al impeachment acompañadas por banderas con la frase fora corrupçao (‘fuera corrupción’). Según la docente e investigadora brasileña de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) Ximena Simpson, eso se debió a la desinformación de una gran parte de la población. “Se ve el poco esclarecimiento de las clases medias y altas que incursionaron a favor del proceso de destitución de la presidenta y los partidos opositores que se aprovechan tras la bandera de la corrupción. Dilma fue acusada por algo que no tiene nada que ver con la corrupción y aquí está la trampa. Es un manejo de la Constitución totalmente arbitrario, una interpretación informal y sesgada”.

Ximena Simpson, investigadora de la EPyG

En este sentido, si las causas del enjuiciamiento no están del todo claras y muchos de los senadores y diputados que apoyaron la destitución están procesados por la principal causa de corrupción, ¿se puede hablar de un golpe de Estado? Al respecto, Simpson explica: “Yo creo que lo que suscita discusión es el concepto de ‘golpe’. Aquí no hubo un quiebre institucional, pero fue un manejo político con una interpretación totalmente sesgada de la Constitución con el objetivo político de sacar a Dilma y al PT del poder. Si por ‘golpe de Estado’ vamos a entender la definición tradicional, que es el reemplazo de un régimen democrático por un régimen autoritario en una coalición militar-civil, no fue un golpe. Es un juicio político en el que no hay una causa penal sino una causa administrativa. Lo que cabría preguntarse es cómo es posible que un presidente pueda ser juzgado políticamente por un delito administrativo que ha estado presente en casi todos los gobiernos previos. Esto es un claro juicio político en el que la presidenta es destituida por una causa política”.

Un futuro incierto

Según los datos que arrojó la última encuesta de la consultora brasileña Datafolha, “uno de cada tres brasileños (33 %) no sabe el nombre del actual presidente de la República” y, además, Michel Temer sólo tiene un 4 % por ciento de intención de voto y un porcentaje de popularidad de un 14 %, frente a Lula, que cuenta con un 22 % de imagen positiva.

Al mismo tiempo, la economía brasileña no presenta valores favorables. El PBI de Brasil cayó un 3,8 % en el 2015 y, según González, “va a caer 3,5 puntos más este año; va a ser la primera vez desde los años treinta que caiga dos años consecutivos”. Todos estos valores demuestran que el nuevo Gobierno no tendrá una tarea sencilla.

“Temer tiene una papa caliente en las manos; él pidió el apoyo para el proceso de impeachment porque aseguró que iba a llevar a cabo políticas no populares para disminuir el déficit y subsanar la economía en términos liberales. En octubre hay elecciones municipales y el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), del que Temer forma parte, está muy afincado en los municipios. Entonces, va a estar presionado por su propio partido para empezar a implementar este tipo de medidas y para que el partido gane más legitimidad en la población. Pero, a su vez, eso puede llevar a un continuo empeoramiento de la economía”, asegura Simpson.

En esta línea, González señala que, el de Temer, “es un Gobierno debilitado con una situación económica crítica y poco apoyo popular. No obstante, el actual presidente está armando un gabinete apoyado por los principales partidos de oposición, con el PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) a la cabeza”.

Según los investigadores, todo ese entramado de debilidades políticas y recesión económica tendrá un impacto social muy fuerte. Al respecto, Simpson advierte que ya se está observando un “claro retroceso de lo que se vino ganando en los años del PT porque no se trata de un Gobierno de distinto signo político, pero dispuesto a rescatar los beneficios de estos últimos 13 años. Más bien, yo veo una sed de venganza terrible”.

Asimismo, la investigadora señala que “toda esa bronca contra Dilma y el PT” generó un estancamiento en Brasil, debido a que no le permitieron tomar medidas de Gobierno. “En los primeros meses del Gobierno de Temer, el Parlamento va a mostrarse menos hostil”, afirma Simpson. “Ahora el país va a tender a moverse y las expectativas de los mercados internacionales son positivas. Pero toda esa política tiene como contraparte la disminución de los subsidios y de las políticas más redistributivas”.

Otra de las cuestiones que hay que analizar es la situación de las relaciones internacionales de Brasil. Así como el PT en los últimos 13 años impulsó el fortalecimiento de alianzas regionales, como el UNASUR y el MERCOSUR, el nuevo eje político internacional parece más interesado en establecer relaciones con los países centrales. Al respecto, González explica: “En un contexto de caída de los precios de las commodities, los capitales se están refugiando en países más seguros. Los precios de los principales productos de exportación de los países latinoamericanos empiezan a disminuir, la inversión busca los países centrales y eso tiene su impacto. En el gabinete económico, la Unión Industrial de San Pablo tiene un peso enorme. Estos actores ven con preocupación al MERCOSUR; tienen una mirada más global, liberal, menos mercadointernista y menos regional”.

El PT y la situación latinoamericana

Las multitudinarias manifestaciones sociales en apoyo a Dilma y a Lula que se observaron en los últimos días en las calles de Brasil muestran que el PT está lejos de desaparecer. Sin embargo, los escándalos de corrupción en torno al Lava Jato ,que salpicaron a funcionarios del PT, y los equívocos dentro del propio partido, sumados a las últimas medidas económicas no populares de Dilma, hicieron que muchos de sus allegados se alejaran de sus filas y que muchos partidos de izquierda criticaran la gestión.

Aun así, Lula sigue siendo el líder con mayor imagen positiva en los sectores populares, particularmente en los estados del norte de Brasil. “Hay que ver qué decide el poder judicial en los próximos meses porque, si Lula es procesado, no va a poder ser candidato. El primer paso para saber que va a pasar con el PT es ver qué sucede con los principales líderes del movimiento. Dilma, puede ejercer cargos públicos pero es poco probable que vaya a ser la candidata principal en el 2018”, advierte González, que opina que el problema más serio de la destitución de Dilma es el capital político detrás de las conquistas sociales del PT. “Esa población que salió de la pobreza, que ya no enfrenta esa gran desigualdad histórica, esos sectores más beneficiados por el PT van a ser los más afectados por el nuevo Gobierno. Es importante ver si el PT logra movilizar esos sectores de nuevo”, argumenta.

Por último, el especialista de la UNSAM señala que es necesario que los gobiernos progresistas latinoamericanos realicen una autocrítica de cara al hecho de no haber logrado mantener su liderazgo, a pesar de las conquistas sociales que obtuvieron. “Fueron líderes muy fuertes que lograron generar gobernabilidad durante mucho tiempo en contextos económicos internacionales muy favorables. Pero no lograron generar a sus sucesores. Este problema lo tuvo Chávez en Venezuela, lo tiene Correa, lo tiene Evo y lo tuvo el matrimonio Kirchner”.