“A diferencia de otros países petroleros de América latina, YPF no es ni un monopolio de Estado (como sí lo es Pemex en México) ni la empresa dominante en toda la cadena de producción (como Pdvsa en Venezuela o Petrobras en Brasil). (…) En este sentido, el desafío estructural para el Estado nacional es cómo disciplinar al resto de las empresas, la mayoría multinacionales, en relación con el nuevo marco jurídico. Es decir, cómo lograr que el resto de las empresas articulen su negocio petrolero con la necesidad del país de volver a ser autosuficiente en el mediano plazo (y que este fin ya no se organiza en intereses individuales a nivel empresa sino que es un bien público que la sociedad se debe para su desarrollo).”

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