“El tema es así: el fallo es un fallo monetario, digamos. Es decir, la jueza hace dos años sanciona a la Argentina con 16.000 millones de dólares. Argentina no ofreció, en ese plazo, ninguna garantía ni se puso de acuerdo para pagar ni nada por el estilo. Por un argumento —entiendo yo— que es bastante sólido del Estado Nacional: que si se está apelando, el Estado no puede negociar cuando todavía no tengo el argumento argentino”, dijo el economista.

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