Por Vanina Lombardi

El 14 de diciembre de 2015 entró en vigencia el Protocolo para la Actuación en Situaciones de Discriminación por razones de Género y/o Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Martín, una norma que fue pionera en el país y ayudó a elaborar protocolos similares en otras casas de altos estudios.

A diez años de la creación de esta norma, conversamos con Ludmila Fredes, que está a cargo de la Dirección de Género y Diversidad Sexual desde el 2021 e integra esa dirección desde el 2019, casi desde su creación. Además, es representante de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, del Consejo Interuniversitario Nacional (RUGE-CIN).

Fredes también es directora y docente de la Diplomatura en Políticas de Género y Diversidad Sexual en la Escuela Interdisciplinaria de Alto Estudios Sociales (EIDAES) y titular de la materia Trabajo, Género y Economía del Cuidado en la la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (FSOC-UBA), adonde se formó como Licenciasda en Relaciones del Trabajo.

¿Cuál es la relevancia característica del protocolo?
Es la norma principal que tenemos para poder canalizar todas las situaciones de discriminación y violencia que se dan entre integrantes de la comunidad universitaria, aunque también atendemos los casos que denominamos mixtos, que es cuando la persona tiene alguna situación de discriminación y violencia con alguien externo a la universidad. El protocolo, justamente, genera ese procedimiento de cómo canalizar esas situaciones, desde el acompañamiento y la intervención.

¿Cómo se originó esta norma?

El protocolo surgió como respuesta a un hecho muy lamentable, que fue el doble femicidio de Valeria Gioffre, que era estudiante de la Escuela de Humanidades, y su madre. A partir de ahí, y también porque se habían recibido varias denuncias, se decidió institucionalizar un espacio de género como respuesta a esas problemáticas. Primero fue el Programa de Atención a las Violencias, que dependía de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad; en 2018 se convierte en Dirección, dentro de la Secretaría Académica, y desde hace 1 año formamos parte de la Secretaría de Coordinación General.

¿Quiénes participan en la redacción y cómo se definieron los criterios?

La redacción del protocolo estuvo a cargo de un grupo de docentes e investigadoras, que comenzaron a construirlo en 2015, cuando la dirección todavía no existía. Inicialmente, la línea de trabajo principal era la atención de las situaciones de violencia y discriminación. Después, empezamos a pensar en la prevención y en ofrecer capacitaciones como dispositivo de sensibilización, para la toma de conciencia.

¿En esta década, qué respuestas tuvieron, cómo fue avanzando el protocolo, han tenido que modificar algo en cuanto a su implementación?

Hubo algunas universidades que hicieron modificaciones. En nuestro caso, la norma se mantuvo pero sí mejoramos los procedimientos, para fortalecerlos e institucionalizarlos.

Pero cada universidad tiene su propio protocolo.

Sí, pero nosotres fuimos una de las universidades pioneras en la implementación. Incluso, en el Campus se hizo la primera reunión que aglutinó a todas las universidades y se creó la Red Interuniversitaria de Género, que después fue absorbida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Y en esa primera etapa, asesoramos a las universidades y las acompañamos para que también puedan llevar adelante este tipo de procedimientos.

Y decías que sí modificaron los procedimientos…

Sí. Por ejemplo, antes no se usaba el SUDOCU (Sistema Único Documental), que es el sistema único de documentación que manejan los expedientes de la universidad. Cuando llegó el programa, nos permitió administrar los expedientes y que estos sean reservados, acorde a uno de los principios claves del protocolo, relativo al respeto a la intimidad, la no revictimización y la confidencialidad. En paralelo, también se fortaleció mucho la articulación con las diferentes áreas de la universidad, con las autoridades, con los diferentes claustros y las intervenciones. Es decir, no solo pensamos en la intervención ante la situación de conflicto en particular, sino también en cómo ese conflicto nos permite mejorar nuestras prácticas institucionales, porque muchas veces tiene que ver con poder actuar desde el inicio para evitar que la situación empeore, y para eso es importante que la Dirección se conozca, que sepan que pueden recurrir a nosotres y trabajar de manera conjunta, sobre todo con las unidades académicas y las secretarías.

¿Cómo fue el proceso de difusión del protocolo?

Hubo un trabajo muy fuerte de sensibilización, de contar que existe y sobre todo el acompañamiento de los claustros, de hacer actividades en conjunto con los no docentes, con los centros de estudiantes. En su momento, hubo una mesa con referentes estudiantiles, en donde se contaba la existencia del protocolo y de la dirección, a los que podían acceder. Más tarde, la implementación de la Ley Micaela permitió que haya más conocimiento del protocolo y de la dirección, porque es un dispositivo de carácter obligatorio destinado a todos los claustros.

Al inicio de esta entrevista, decías que desde hace un año la Dirección forma de la Secretaría de Coordinación General, ¿qué ventajas les implica ese cambio?
Sí, que además de seguir con la línea académica que hemos adquirido a lo largo de estos años de trabajo, eso nos permite generar articulaciones con otras áreas de la universidad, para poder transversalizar la perspectiva de género en ámbitos como lo laboral, el deporte y la comunicación, por ejemplo. Todas eso es superinteresante, porque ya no se trata solamente de la atención de las violencias y las discriminaciones, sino también de prevenirlas. Además, permite pensar estas problemáticas desde diferentes áreas, lo que nos ayuda en nuestra intención de promover una agenda en la cual toda la comunidad universitaria se involucre, entendiendo que es una problemática en la que necesariamente tenemos que intervenir todes para poder erradicarla. No alcanza solo con la Dirección y los recursos que tenemos, es necesaria la toma de conciencia de lo que sucede y tratar de transformarlo.

¿Están pensando en actividades específicas desde la Dirección de género, para este año aniversario?

Sí. Este año estamos iniciando la etapa de rever nuestro protocolo. A través de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, tenemos la intención de ver qué cosas nos permitirían seguir fortaleciéndolo. En paralelo, esperamos seguir consolidando la agenda que tenemos con el CUSAM, la Secretaría de Extensión, la Dirección de Deportes y la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM, que son nuevas áreas con las que empezamos a trabajar. La intención es promover una transversalización en los contenidos para que eso también impacte en la gestión de esas áreas.

Para finalizar, ¿desea agregar algo más, de cara al 8M?

Solo destacar la importancia de que todes nos apropiemos de esta fecha, porque si bien se ha avanzado un montón en los últimos años, ahora estamos en un contexto adverso. Antes había un Ministerio Nacional que hoy ya no está; la perspectiva de género es cuestionada y hasta fue prohibida en el Estado, adonde se quiere desconocer que hay un marco teórico y estudios vinculados a la existencia de la desigualdad de género, que opera en las condiciones de vida de las mujeres y de las diversidades, principalmente. Es importante sostener políticas públicas vinculadas a género porque, como universidad, somos una porción del Estado, y más allá de que tenemos una decisión política y que existe una dirección de género, no somos ajenos al contexto.