Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Notas de tapa

Ricardo Dewey y el debate sobre las células madre

El docente e investigador del IIB-INTECH, editor y coautor de “Células madre de cordón umbilical. Discusión en la Argentina: entre mitos y realidades” (UNSAM Edita), lleva adelante un debate esencial: a qué nos referimos cuando hablamos de células madre y cómo deberían regularse los biobancos que almacenan sangre del cordón umbilical.

Por Gaspar Grieco | Foto: Verónica D’Alia

En los últimos años, las discusión sobre los tratamientos con células madre se volvió recurrente en el ámbito científico. Los bancos privados de células de cordón umbilical de todo el mundo prometen un “seguro biológico” contra posibles enfermedades de la sangre. Sin embargo, la posibilidad de utilización para uso autólogo —para sí mismo— y para uso relacional —un hermano— es muy baja.

Esta gran madeja de genes, biología y negocios es desentrañada en el libro Células madre del cordón umbilical. Discusión en la Argentina: entre mitos y realidades, publicado en el 2016 por UNSAM Edita. Allí, Ricardo Dewey, docente e investigador del IIB-INTECH en la sede Dr. Raúl Alfonsín, junto con los investigadores Marisa Miranda (Universidad Nacional de La Plata) y Gustavo Vallejo (Universidad Nacional de Quilmes) compila toda la información biológica, médica, comunicacional y bioética necesaria para entender la polémica asociada.

“Me interesa que el libro genere discusión porque la difusión es tan importante como la investigación que se realiza”, advierte Dewey, quien considera que es tarea del Estado generar acciones que “den cuenta de las ventajas y las desventajas de los biobancos públicos y privados”.

Las células madre pueden encontrarse en todo el cuerpo, pero hasta el momento las únicas aprobadas para realizar tratamientos clínicos son las células progenitoras hematopoyéticas (CPH), que se alojan en la sangre del cordón umbilical y en la médula ósea durante la vida adulta. Estas células son las responsables de regenerar la sangre y garantizan el funcionamiento del sistema inmunológico.

En la Argentina, los bancos de preservación de células madre suelen ofrecer sus servicios en el ámbito privado. “Preservá las células madre de tu hijo, preservá vida” o “Un legado invalorable para tu bebé” son algunos de los eslóganes elegidos por los bancos privados que operan en el país. La única institución estatal dedicada al almacenamiento de células de cordón umbilical es el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría Garrahan, que funciona desde 1996 y mantiene una política de recolección desde 2005.

Dejando de lado la clásica dicotomía público-privado, estos biobancos operan en formas muy diferentes y persiguen fines específicos. De acuerdo con el libro recientemente publicado por UNSAM Edita, las unidades que se encuentran en los bancos públicos “son donadas de forma altruista por madres que dan a luz a niños saludables nacidos a término”, mientras que los bancos privados “son entidades con fines de lucro que almacenan unidades extraídas de familias que desean utilizarlas únicamente con sus hijos”. Al respecto, Dewey señala que “los bancos públicos son altruistas porque a las madres que donan no se les paga ni se les cobra, y esa muestra puede utilizarse para cualquier persona que la necesite en el mundo. A los bancos privados, en cambio, se les paga para conservar la muestra”.

Uno de los temas centrales señalado por los expertos es la baja probabilidad de que un niño llegue a utilizar sus propias células madre en caso de desarrollar algún tipo de enfermedad genética. En su libro, Dewey afirma que, de las 900.000 unidades almacenadas en bancos privados de todo el mundo hasta el 2010, sólo 100 fueron utilizadas para trasplantes al mismo niño y reportadas en la bibliografía. Al respecto, Fabiana Arzuaga, coordinadora de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa, asegura que “la posibilidad de utilización para uso autólogo —para sí mismo— y para uso relacional —un hermano— es de un 25 %. Cuando un niño necesita iniciar un tratamiento con células madre, si su enfermedad es genética, debe solicitarlas a un banco público —buscar un donante histocompatible que no tenga ese mismo código genético— porque la falla está en el propio material. Toda esa información los padres no la tienen”.

Por su parte, la directora del Banco Público del Hospital Garrahan, Silvina Kuperman, explica cómo trabajan desde la entidad: “La sangre almacenada en el banco público está disponible para cualquier persona del mundo que la necesite. Podemos trabajar de esta manera porque estamos acreditados por normas internacionales de calidad. Vale aclarar que no necesitamos las células madre de todas las personas que nacen en el país; realizamos convenios estratégicos con maternidades de diferentes provincias con el fin de establecer un mapa genético poblacional y contar con todos los perfiles genéticos necesarios”.

En relación con esta búsqueda, Kuperman puntualiza: “Sobre todo, buscamos perfiles que no estén representados en el mundo, como los autóctonos argentinos de nuestros pueblos originarios. Los pacientes con antecedentes caucásicos pueden encontrar donantes compatibles en cualquier registro del mundo, pero donantes de etnias autóctonas hay muy pocos. En este sentido, nuestro objetivo es aumentar el perfil de histocompatibilidad nativo”.

Vaivenes legislativos

Cada una de las unidades de sangre de cordón umbilical criopreservadas en el banco público del Hospital Garrahan es informada al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas que funciona dentro del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), autoridad de aplicación habilitante (Resolución 610/07 y Resolución 319/04, Ministerio de Salud). A su vez, esta base de datos se encuentra incorporada a la red internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) que agrupa registros y bancos de sangre de cordón umbilical de un gran número de países y hoy tiene más de 15 millones de donantes voluntarios. Dicho banco se encuentra acreditado en la Asociación Estadounidense de Bancos de Sangre (AABB).

El interrogante que se abre es el siguiente: si tanto el INCUCAI como la AABB habilitan al Banco Público del Garrahan, ¿qué organismo habilita a los bancos privados? La respuesta es sencilla: se habilitan ellos mismos. No tienen ningún tipo de control estatal, no publican sus resultados científicos en revistas especializadas ni siguen las normas protocolares internacionalmente establecidas. Estos bancos se encuentran nucleados en la entidad sin fines de lucro ABC Cordón, que se dedica a difundir su trabajo.

En 2009, el Estado argentino intentó regular la actividad de estas empresas mediante la Resolución 69/09 del INCUCAI, pero la presentación de diversos recursos de amparo logró que la Corte Suprema declarara “inconstitucional” esta resolución, lo que llevó a su derogación completa. Para Dewey, ahora “no hay ningún tipo de control estatal. Con esa derogación, los biobancos privados siguen ejerciendo sin ningún control. Arman los laboratorios, eligen los procedimientos y determinan la calidad de las muestras que almacenan sin regulación”.

Mediante la aplicación de los principios de la Ley de Trasplante, la resolución del INCUCAI establecía el uso propio eventual: los progenitores podían guardar las células madre del cordón de su hijo en el banco que eligieran, pero debían enviar la información al banco de células hematopoyéticas del INCUCAI para que la unidad quedara universalmente disponible —no solo para el dueño sino también para cualquier paciente que la necesitara—.

Según Arzuaga, los padres rechazaron la propuesta por no haber sido correctamente informados por los medios, el Estado y los propios biobancos: “La comunicación errónea despertó un cierto egoísmo, más que nada por desconocimiento del tema. Yo creo que nadie se negaría a una donación altruista sabiendo que, eventualmente, podría llegar a necesitar una unidad proveniente de un banco público. Es un dar para recibir. Las fallas en la comunicación generaron eso y revertirlo es muy difícil, por eso el libro publicado por la UNSAM es tan importante”.

El peligro de los tratamientos experimentales

Otro de los temas que preocupan a los expertos es la proliferación de empresas chinas que ofrecen costosos tratamientos experimentales con células madre para curar enfermedades genéticas sin ningún tipo de control. Es necesario aclarar que los únicos tratamientos para los que la ciencia aprueba el uso de células madre son los relacionados con afecciones de la sangre y los huesos.

En los últimos años, debido a la falta de un marco regulatorio de las prácticas de tratamiento y diagnóstico con células madre, en la Argentina se multiplicaron las empresas que ofrecen el llamado “turismo médico” —viajes a China para la recepción de costosos tratamientos experimentales sin ningún tipo de control—.

Al respecto, Dewey es tajante: “Es extremadamente peligroso porque, al no estar controlados, te pueden inyectar cualquier tipo de célula o incluso solución fisiológica. Hubo casos de pacientes que se sometieron a esos tratamientos millonarios y luego desarrollaron tumores. Se especula con la sensibilidad de la gente”.

La Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa, que opera bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Salud de la Nación, está elaborando un proyecto de ley para la regulación de las investigaciones con células madre y las terapias celulares de avanzada en la Argentina. Arzuaga adelanta que, en caso de ser aprobado en el Congreso, el proyecto será “un marco de garantía para los sujetos de las investigaciones y los pacientes que reciban tratamiento”. Buscando estar a la altura de los estándares más avanzados, la propuesta se basará en las normas, los protocolos y los marcos legales de los países desarrollados.

“Con este marco legal, el Ministerio de Salud va a tener la función de autoridad de aplicación, algo que garantizará el cumplimiento de la ley. Los establecimientos de los grupos que ofrezcan tratamientos que no estén incluidos en un protocolo, que no sigan la normativa vigente o que no estén aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) podrán ser clausurados. También podrían llegar a suspenderse matrículas profesionales y a aplicarse el código penal en casos de lesión o muerte de algún paciente”, concluye Arzuaga.

Nota actualizada el 18 de agosto de 2016

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