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Del empleo al trabajo y del salario al ingreso: El mapa laboral de la crisis

El estancamiento del mercado laboral formal, las nuevas formas de la informalidad y la carrera del sueldo contra la inflación analizados por los investigadores de la UNSAM Matías Maito, Florencia Fares y Alexandre Roig. Claves para leer el mapa laboral argentino.

Por Gaspar Grieco. Fotos: Pablo Carrera Oser. Ilustración: María Elizagaray Estrada (Anfibia)

“El sueldo no alcanza”. En cada crisis, la frase se repite como un mantra entre lxs trabajadorxs que cobran un “sueldo”. La “plata no alcanza” sería más inclusiva, porque ahí entraría el mapa completo del mundo laboral de la Argentina actual. En el primer semestre de 2022 el mercado laboral del país se recuperó de los deterioros más agudos que atravesó durante la pandemia. La cantidad de ocupados ya superó a la de 2019 y la desocupación bajó a sólo un 7%, uno de los valores más bajos desde el año 2003. Pero la frase se repite: el sueldo -la plata- no alcanza. ¿El problema es la inflación acelerada, el salario promedio o los ingresos sin derechos?

Según un documento del Centro de Capacitación y Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Escuela IDAES de la UNSAM, elaborado en base a datos del INDEC, la cantidad de trabajadores creció tanto en el sector privado como en el público y se expandieron el empleo asalariado registrado, el trabajo por cuenta propia y el trabajo en el sector informal. La contracara de estas buenas noticias es que el 28% de los trabajadores del país se encuentra bajo la línea de pobreza. Los datos del CETyD muestran que la proporción de trabajadores pobres llega al 41% entre los cuentapropistas, al 45% entre los asalariados informales y al 15% entre los asalariados con empleos registrados. 

Matías Maito, director del CETyD, distingue tres periodos que explican esta situación. En el primero, de largo plazo, el investigador afirma que “en los últimos 50 años Argentina tuvo una de las peores evoluciones económicas del mundo”, un periodo marcado por el crecimiento de formas precarias de empleo informal, el surgimiento de empleos atípicos con contratos a tiempo parcial y tercerizaciones. “Se atravesó un proceso de fragmentación del mercado laboral donde si uno de cada dos trabajadores tenía un empleo registrado en relación de dependencia en la década del ‘70, hoy es uno de cada tres (37%)”, explica y reconoce que en ese marco, “el país atravesó un periodo de crecimiento económico entre 2002 y 2011 que hizo que para el 2015 casi de duplique la dotación de empleados asalariados registrados en el sector privado (creció un 90%)”. 

El segundo periodo -cuenta Maito- muestra que “en los últimos 10 años la actividad económica entró en un período de estancamiento y el empleo formal en el sector privado creció poco”. El tercer periodo está signado por la crisis cambiaria generada durante el gobierno de Mauricio Macri entre el 2017-2018, donde el poder adquisitivo de los salarios cayó un 20%. “Los trabajadores formales del sector privado perdieron el 20% del poder de compra en solo dos años. Una caída muy fuerte. Con la asunción del actual gobierno se empieza a revertir entre diciembre y febrero de 2020, pero en marzo empieza la pandemia y se genera una crisis tremenda de actividad y empleo”, dice el investigador.

En efecto, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, hoy 20 millones de personas en la Argentina trabajan. Cerca de la mitad de los trabajadores se desempeña en puestos precarios o inestables, de los cuales el 23% tiene un empleo informal, el 17% son cuentapropistas de baja calificación y el 5% son cuentapropistas profesionales y técnicos.

“El macrismo detuvo la distribución del ingreso y eso después no se pudo revertir porque vino la pandemia y no se tomaron medidas suficientes para recomponer el poder adquisitivo de los salarios. ¿Qué empresas hoy tienen la capacidad verdadera de aumentar los salarios?”, se pregunta Maito.


Matías Maito

Economía macro 

Tanto la precariedad del trabajo informal como la solidez del empleo registrado chocan de frente todos los días contra la inflación. Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor del  INDEC, la inflación acumulada en los primeros seis meses del 2022 superó el 36,2% y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, las estimaciones de las consultoras descuentan una suba total por encima del 70% hacia fin de año. 

Florencia Fares, economista, docente e investigadora de la Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la UNSAM analiza la situación desde la macroeconomía. “Venimos con una inflación alta desde antes de la pandemia. Ahora hay una aceleración de la inflación por la cuestión de la guerra en Ucrania y el precio de los comodities, lo que hace que los acuerdos salariales se quedan cortos. Si la proyección de la inflación que había en enero era de un 55% y resulta que ahora se proyecta un 70% como piso, la negociación paritaria no alcanza”.

Para la economista, la renuncia de Martín Guzmán complicó las proyecciones del mes de julio, acelerando la inflación por la incertidumbre. “A partir de la renuncia del exministro las ventas se frenaron porque nadie tenía los precios fijados. Entonces ese ‘por las dudas’ te genera precios más altos y en Argentina los precios son flexibles a la suba, pero cuando el dólar baja, ninguno baja”.

En sus apariciones públicas y entrevistas televisivas, la nueva ministra de Economía Silvina Batakis insiste con la necesidad de reducir el déficit fiscal para desacelerar la inflación. Fares explica que esta medida -acordada como meta en el acuerdo con el FMI y en línea con la política económica de Guzmán- se propone reducir el gasto público que está siendo financiado por la compra de bonos de deuda en pesos por parte de agentes financieros (mercados) y, en su defecto, por emisión monetaria desde el Banco Central. “Una observa que en procesos de moderada-alta inflación, como la Argentina, generalmente las economías presentan algún tipo de déficit fiscal. Reducirlo como un shock monstruoso, por ejemplo con el recorte abrupto del gasto público, genera una gran crisis económica. Por eso, la meta acordada con el FMI es reducir el déficit gradualmente”, explica Fares.

En mayo de 2022, las exportaciones alcanzaron 8.226 millones de dólares y las importaciones, un máximo histórico de 7.870 millones de dólares. El intercambio comercial aumentó 34,6%, registrando un superávit de la balanza comercial, muestran los datos del INDEC. Mirando esos números, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de un “festival de importaciones” en un claro llamado a limitarlas para detener la salida de dólares. 

“Tratar de limitar las importaciones que están haciendo empresas productoras es ponerle un freno a la recuperación de la actividad económica. Con la pandemia cayeron un montón las importaciones y cuando te recuperás es esperable que suban porque los empresarios necesitan importar insumos y bienes de capital. Si vos le ponés un límite a esa producción, también te va a repercutir en el mercado laboral. Al igual que con la cuestión del turismo, esto se explica porque el Banco Central está queriendo detener la sangría de dólares”, dice Fares.


Florencia Fares

Economía popular

La crisis laboral e inflacionaria golpea más duro a las poblaciones más pobres del país. Se trata de 5 millones de trabajadorxs que se desempeñan en la llamada economía popular, la cual comprende siete grandes ramas: tareas de cuidado, trabajo sociocomunitario, pequeña construcción, pequeña manufactura (principalmente textil), producción de alimento, reciclado y venta en espacio público.

Cuando el presidente Alberto Fernández dice “empezar por los últimos”, se refiere a esta población, que se encuentra en un 98% bajo la línea de pobreza. De esas 5 millones de personas trabajadoras, 1,3 millones son beneficiarias de los llamados “planes sociales” y 3,7 millones están inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP)

Alexandre Roig es investigador de la UNSAM y, desde febrero de 2021, titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Al analizar la situación del sector, en primer lugar señala que empleo no es lo mismo que trabajo: “El empleo es asalariado y en relación de dependencia, la forma de organización del trabajo del capitalismo industrial. Los trabajadores de la economía popular generan su propio trabajo, no están en relación de dependencia, se autoorganizan la producción y disputan el valor de su trabajo”.

Surgidos en la debacle económica de los ‘90 con los movimientos piqueteros, los desempleados del menemismo lograron reconocerse como trabajadores y afianzarse con el correr de los años. Hoy, en línea con las reivindicaciones feministas, valorizan los trabajos invisibilizados -como las tareas de cuidado y el reciclado, entre otros- organizan cooperativas de trabajo y sobreviven. 

“La economía popular anticipó la crisis del capitalismo que actualmente estamos viviendo. Anticipó que el capitalismo financiero pone en crisis el valor del trabajo. Eso es lo que tenemos que asumir. Que el trabajo hoy vale menos y seguirá valiendo cada vez menos mientras domine el capital financiero. Si no cambiamos las instituciones, dentro de algunos años no serán 25% los trabajadores bajo la línea de pobreza sino el 60%”, advierte Roig.

El investigador señala que el capitalismo financiero, que persigue beneficios mediante la especulación y el movimiento de capitales sobre tasas de interés y niveles de tipo de cambio, “es adverso a la valorización del trabajo” y remarca: “Si el conjunto de la clase trabajadora no toma conciencia de que lo que afecta el valor del trabajo es el capitalismo financiero y ahora el capitalismo de plataforma, esto va a empeorar. El Estado tiene que asumir un rol de articulación más eficiente, porque somos los mismos trabajadores quienes utilizamos sus mecanismos y alimentamos a nuestros verdugos”.

Una de las controversias más recurrentes en el debate político y mediático es “la cuestión de los planes sociales”. Sin embargo, los programas asistenciales Jefes y Jefas (2002), Asignación Universal por Hijo (2009) y Salario Social Complementario (2016) solo benefician al 5% del total de la Población Económicamente Activa y la enorme mayoría de quienes lo reciben son trabajadores de la economía popular. “La manera en la cual la sociedad discute la cuestión de los planes es desde los prejuicios y la discriminación. Es exactamente la misma discusión que hubo en la Controversia de Valladolid donde se preguntaban si los indios tienen alma”, dice Roig.

Hoy la canasta básica alimentaria para una persona es de 15.057 pesos y la canasta básica total llega a los 33.727 pesos. Mientras que para una familia de cuatro integrantes las mismas ascienden a 46.525 pesos y 104.217 respectivamente. Los datos son extraídos del documento Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total del INDEC.


Alexandre Roig

Los anteúltimos  

Si en Argentina hay 20 millones de personas ocupadas que componen la Población Económicamente Activa del país, de los cuales 10 millones son empleados formales en relación de dependencia y 5 millones son trabajadores de la economía popular que reciben planes sociales y están inscriptos en el RENATEP, ¿adónde están los 5 millones de trabajadores que faltan? 

Se trata de 5 millones de trabajadores de hogares pobres que se encuentran apenas por encima de la línea de pobreza -de hecho el 35% de esa población es pobre- que están por fuera de coberturas laborales y sindicales porque se desempeñan en el sector informal y no reciben ninguna asistencia por parte del Estado. Matías Maito los llama “los anteúltimos” y los describe en el informe del CETyD titulado Empezar por los últimos, seguir por los anteúltimos.

“Los anteúltimos son un grupo social que tiene condiciones de vida menos dramáticas que los últimos, pero muy dramáticas. Tienen niveles de precariedad altísimos y sus ingresos son pura y exclusivamente laborales. Ese grupo perdió el 20% de sus ingresos durante la última década, como perdieron los que están en el quintil más alto, pero sobre este sector no intervienen los sindicatos, no son la población sobre la que trabajan las organizaciones sociales y el Estado tampoco ha tenido mucha política para ellos”, describe Maito.

Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno Nacional implementó el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), en el cual se esperaba que se anoten unas 5 millones de personas para recibirlo: se anotaron más de 10 millones. Ese excedente está compuesto por los “anteúltimos”: trabajadoras de casas particulares, gasistas, albañiles, repositores de supermercados, dueños o empleados de pequeños negocios barriales, etc. que la crisis económica visibilizó. “El desafío que se abre ahora es ver qué tipo de políticas públicas tiene que diseñar el Estado para avanzar sobre la situación de un grupo muy desfavorecido y además muy heterogéneo”, adelanta Maito.

Una cuestión muy presente en el discurso público y mediático de los meses de junio y julio de este año es la posibilidad de la implementación del Salario Básico Universal. Por ahora,  el Gobierno descartó su implementación. Pero Maito destaca que el tema se esté discutiendo: “Es parte de la necesidad de ampliar la mirada”. Por su parte, Roig se muestra más austero al afirmar que “resuelve a corto plazo el problema de la indigencia, pero no resuelve el problema del valor del trabajo”. Finalmente, a Fares le genera dudas: “¿Cómo lo pagás? En la situación en la que está la Argentina, con una meta de reducción del déficit fiscal, ¿cómo hacés? Hoy no sé si esa debería ser la principal discusión”.

Nota actualizada el 25 de julio de 2022

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