Dirección de Género y Diversidad Sexual

Día Mundial de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe

Agrupaciones feministas, de mujeres y disidencias sexuales junto con universidades, escuelas y organizaciones no gubernamentales exigen a los gobiernos de la Argentina y América Latina la sanción urgente de una ley de aborto legal, seguro y gratuito. En este marco, la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM reflexiona sobre las dificultades del acceso a la interrupción legal del embarazo durante la cuarentena.

El 28 de septiembre como día de lucha tiene su origen en los acuerdos del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), realizado en 1990 en San Bernardo (Buenos Aires, Argentina). En articulación con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina, el Día Mundial de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe se proyectó como una acción regional en el marco de la lucha internacional por la despenalización y legalización del aborto.

Durante esta jornada se convoca a activistas, universidades, escuelas, agrupaciones y organizaciones no gubernamentales a visibilizar el reclamo colectivo en las redes sociales con los hashtags #abortolegal #ungritoglobal.

Este año, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la Argentina —iniciativa que lucha por la legalización de la ley desde hace 15 años— se envió a diputadxs y senadorxs una carta en la que se exige la garantía de este derecho. El comunicado difundido por redes sociales expresa: “Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsado por más de 700 organizaciones debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos para que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas y abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir.”

 

 

Derecho al aborto en tiempos de COVID 19

Sobre el estado actual de la interrupción legal del embarazo en la Argentina, Mailén Pérez Tort, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, trabajadora del Área de Contenidos de la Dirección de Género y Diversidad Sexual (DGyDS) de la UNSAM y representante de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE), asegura: “Si bien no hay registros oficiales estadísticos a nivel nacional, a partir de los relatos de mujeres y personas que acompañamos desde las organizaciones que integran la Campaña entendemos que el acceso a las interrupciones legales contempladas en el marco normativo se complicó mucho. Esto se debe a dos cuestiones: la reorientación de los servicios de salud destinados a controlar la pandemia y atender los casos de COVID y la redistribución del sistema sanitario, que desarmó algunos espacios. Hasta que no tengamos los datos oficiales de este año, no vamos a poder comparar en términos cuantitativos”.

En cuanto a la penalización social de las personas que hoy buscan acceder a la ILE, Pérez Tort señala: “El control punitivo y criminalizador aumentó, también como consecuencia de la pandemia. De alguna manera, la vigilancia del cumplimiento de las medidas de aislamiento social posibilita la criminalización de estas prácticas por parte de ciertos sectores, que ven legitimada la persecución”. Otra de las dificultades que trajo la pandemia es el problema del acceso al misoprostol y a otros métodos anticonceptivos. “El acceso a estos medicamentos se volvió muy dificultoso, aunque en ciertas provincias se está comenzando a reorganizar su distribución”, señala Pérez Tort, que hoy está elaborando su tesis de grado “La implementación de las interrupciones legales del embarazo en el sistema de salud público” en el IDAES.

La campaña nacional sigue organizándose y sosteniendo los espacios de encuentro de manera virtual. “Estamos en casi todas las provincias del país, pero sin salir de nuestras casas. La campaña tiene un fuerte poder de convocatoria, pero entendemos que es momento de cuidarnos. Estamos haciendo esfuerzos enormes para revisar las estrategias de militancia en términos virtuales”, asegura Pérez Tort, que refuerza el pedido y la urgencia de la legalización del aborto en 2020. “En contexto de emergencia sanitaria es fundamental tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo que facilite este derecho. Dada esta situación de vulnerabilidad y de disminución histórica del acceso al aborto, hacen falta políticas públicas que lo habiliten ya. Reivindicamos nuestra lucha como derecho humano, como deuda de la democracia y como un tema de salud pública”, completa.

Entre las actividades que se esperan para la jornada de hoy, a las 18 habrá un pañuelazo virtual. También se realizarán paneles y mesas-debate con la misma modalidad.

Más información, acá.

 

Un poco de historia 

La historia del derecho al aborto en la Argentina tiene notables vaivenes en cuanto a sus restricciones y habilitaciones.

El primer Código Penal (1886) penalizaba todos los casos de aborto sin excepción alguna. La primera reforma del Código (1903) dio curso a un camino sinuoso de avances, retrocesos, excepciones y contradicciones que confluyeron en 2018 con la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para la despenalización del aborto.

En 1921 se realiza la segunda reforma del Código Penal, que establecía algunos casos en los que no debía penalizarse el aborto: peligro de vida de la embarazada; embarazo fruto de una violación; “idiotez o demencia” de la embarazada.

En 1968, el Decreto de Ley N.º 17.567 establece la no penalización en casos de riesgo de la salud o la vida de la mujer, o en cualquier caso de violación, siempre que el caso estuviera judicializado y con el consentimiento de un representante legal si la mujer fuera menor, “idiota o demente”.

En 1973, a través de la sanción de la Ley N.º 20.509, esas modificaciones fueron dejadas sin efecto. Tres años después, bajo el gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla, se sanciona el Decreto Ley N.º 21.338 que incorpora las modificaciones realizadas en el Decreto Ley N.º 17.567 de 1968.

En 1984, el Gobierno sanciona la Ley N.º 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921, en el que se restablecen los caso de no punibilidad.

En 2012, la Corte Suprema de la Nación se pronuncia con el fallo F.A.L sobre el aborto por violación y establece que las mujeres violadas, “normales o insanas” (según los términos del fallo) cuentan con la posibilidad de interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa, exentas de sanción penal posterior al igual que el/la médicx que lo practique.

En 2015, el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación incorpora los lineamientos del caso F.A.L y suma modificaciones a la noción de “salud”, que pasa a comprender aspectos psíquicos y sociales, además de los biológicos.

En junio de 2018, como resultado de la coyuntura política y social inaugurada por los movimientos feministas y las convocatorias de Ni una Menos (NUM), el proyecto de Ley de Despenalización del Aborto fue históricamente aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados. Meses más tarde, el senado rechazó el proyecto.
 

Algunas reflexiones 

Desde la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM convocamos a hacernos eco de este histórico reclamo, que es una deuda de nuestra democracia.

Como se pronunció desde la Red Interuniversitaria de Género por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), “las universidades públicas hemos asumido un compromiso con los derechos de las mujeres y, por ello, somos cada vez más las que contamos con espacios institucionales de atención a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva como las consejerías integrales. La circulación de la información y la entrega de los métodos anticonceptivos como así también la atención y acompañamiento de los abortos no punibles ha sido una práctica que llevamos adelante en las universidades desde hace algunos años.”

En un mundo social que se empecina en criminalizar a las mujeres que deciden sobre sus vidas (no)reproductivas, desde las universidades públicas exigimos este derecho y sostenemos la necesidad de dar batalla en el plano de los sentidos. En cuanto a la descriminalización social del aborto, consideramos que la disputa de sentidos debe darse en el terreno de las escuelas, las universidades y los medios de comunicación.

¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir!

Conocé la Campaña Nacional sobre Métodos de Cuidado y Anticonceptivos en Universidades.

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Nota actualizada el 30 de septiembre de 2020

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