Muy poco antes de la aparición del COVID-19, en la Argentina y España asumieron gobiernos progresistas (Frente de Todos y PSOE-Unidas Podemos respectivamente). Las respuestas de estas nuevas administraciones muestran, con sus especificidades nacionales, la presencia de Estados activos en la protección de las vidas, el empleo, la producción y los ingresos de las personas.

Algunos elementos comunes:

• La celeridad en el reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional.
• La referencia normativa al teletrabajo, con diferencias en cuanto al carácter promocional u obligatorio.
• La visibilidad de las actividades de “cuidado” de familiares o personas dependientes que demandan el servicio.
• La implementación de medidas de preservación de puestos y de sostenimiento del salario.
• La puesta en marcha o reformulación ampliada de programas de ingresos mínimos para poblaciones vulnerables.
• La ampliación de seguros de desempleo.
• Los apoyos crediticios y fiscales para personas y empresas; el congelamiento o la moratoria de alquileres, de moratorias impositivas y del pago de servicios esenciales, entre otros.

Si bien las organizaciones sindicales respaldan las medidas de los gobiernos, también reivindican su ampliación. En el caso europeo, destacan la necesidad de agilizar fondos de rescate; en la Argentina, apoyan los esfuerzos gubernamentales de negociación de la deuda externa a la vez que reclaman la urgente puesta en marcha del Consejo Económico y Social.

El documento refleja la voluntad de las organizaciones firmantes de consolidar los lazos de cooperación entre las organizaciones sindicales y los centros académicos para producir conocimiento, participar en los debates e intervenir en la gestión de la nueva normalidad poscrisis COVID-19 a través de una “vigilancia activa”.

Autores del documento: CIFRA, CTA-Trabajadores, Fundación 1 de Mayo y CCOO

Edita: Confederación Sindical de CCOO

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