Escuela de Política y Gobierno,Notas de tapa

Ricardo A. Gutiérrez: “El desafío es consolidar el crecimiento que ha tenido la Escuela”

El docente e investigador de la Escuela de Política y Gobierno fue electo como nuevo decano para el período 2019-2023. En esta entrevista habla de sus expectativas en el cargo, la situación política actual y las problemáticas ambientales en la Argentina, su tema de investigación.

Por Gaspar Grieco. Fotos: Pablo Carrera Oser y Leandro Martínez 

“Ser decano es una gran responsabilidad porque tenemos una gran Escuela y una gran Universidad. Y esto no es casualidad sino que es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo”, dijo el flamante decano de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) en el acto de asunción llevado a cabo en el edificio de Ciencias Sociales del Campus Miguelete.

“Nacido y criado en San Martín”, tal como se define, Gutiérrez es doctor en Ciencia Política por la Universidad Johns Hopkins, especialista en el estudio de problemas y políticas ambientales, investigador del CONICET y docente de la UNSAM desde hace 20 años. “El desafío es consolidar el crecimiento que ha tenido la Escuela”, dice.

¿Por qué decidiste postularte como decano?
En realidad, nunca estuvo en mis ambiciones. Yo estoy en la Escuela desde el origen, cuando me incorporé en 1999 como asistente de investigación. En esa época aún no era Escuela sino Programa. Después me fui a hacer el doctorado en Estados Unidos y volví en 2003. Me volví a incorporar como consejero de escuela y propuse crear la Licenciatura en Ciencia Política. Ahí empezó mi trayectoria en gestión, en el proceso de creación de la carrera. Después fui coordinador de la carrera, director, secretario de investigación, secretario académico y asesor del Vicerretorado.

Fue un largo proceso que fue creciendo hacia responsabilidades mayores. Finalmente, sentí que era el momento de seguir con esa construcción institucional como decano de esta Escuela que hace tanto tiempo estoy ayudando a construir. Hubo muchos colegas que me impulsaron a ser candidato y eso para mí fue muy importante.

Teniendo en cuenta cómo ha crecido la Escuela, ¿cuáles son tus expectativas?
Mi desafío es consolidar todo ese crecimiento. Lo más notable es el área de Relaciones Internacionales porque se creó la licenciatura hace 3 años, se creó la maestría que ya está aprobada para implementarla el año que viene y estamos en trámite con la CONEAU para la creación del doctorado. Lo mismo sucede con el área de Administración Pública, desde la que se han abierto varias maestrías y programas. Mi eslogan es consolidar el crecimiento y fortalecer lo que haga falta. Tenemos mucho trabajo por delante.

¿Qué tipo de ciencia política creés que necesita la Argentina de hoy?
Si pensamos en qué tipo de ciencia política se investiga y se enseña, nosotros tenemos la idea de que sea lo más plural posible, lo más amplia posible. Por lo tanto, que los temas que se investiguen sean lo más amplios y no tener una marca epistemológica y política única. Yo creo que hay que progresar con los criterios que la comunidad científica internacional convalida como la mejor ciencia política en sus distintas expresiones.

¿Qué opinión te merece la polarización en el escenario político actual?
Es una polarización que viene desde hace por lo menos 10 años, en la cual las partes se retroalimentan. Esa cuestión es siempre negativa y nos lleva a callejones sin salida. Cuando traemos la polarización a la Universidad es mucho peor, porque la universidad no es una organización partidaria ni una ONG; es una institución cuya finalidad es el conocimiento. Cuando la política entra a la universidad y es prioritaria respecto de esa finalidad principal de generar conocimiento, y además viene en el marco de una enorme polarización, es terrible. Yo espero que a futuro podamos superar esa grieta que nos lleva a un callejón sin salida.

¿Cree que esta polarización ha afectado a la educación pública?
Absolutamente y se nota muchísimo en el sistema científico argentino. La política científica del gobierno actual ha sido muy negativa y en parte se explica en el marco de esa polarización. Hubo un desfinanciamiento terrible que incluye hasta los salarios de los investigadores.

¿Cuáles son las herramientas que hoy tienen los politólogos para analizar el comportamiento de una sociedad tan compleja como la argentina?
Hay muchas herramientas porque no hay una sola ciencia política. Hay muchas perspectivas de análisis y de prueba para abordar un mismo objeto de estudio. Lo que nosotros tratamos dentro del marco de la licenciatura en ciencia política es que los estudiantes se enfrenten a la mayor variedad posibles de herramientas y que después elijan. Eso me parece lo más responsable y lo más lógico.

¿Cómo fue su formación y por qué se especializó en cuestiones ambientales?
Yo hice la licenciatura y la maestría en la UBA y después viajé a Estados Unidos para hacer el doctorado en la Universidad John Hopkins. Cuando llegué mi tutora estaba empezando un proyecto sobre gestión de agua en Brasil y me ofreció formar parte. Yo acepté y ahí me atrapó el tema ambiental. Hice mi tesis de doctorado sobre ese proyecto y cuando volví a la Argentina sabía que quería dedicarme a los temas ambientales y a la gestión de recursos naturales. 

Primero empecé investigando sobre políticas ambientales municipales y después, durante muchos años, trabajé con un equipo interdisciplinario en la UNSAM —con gente del 3iA y de la Escuela de Humanidades— sobre la relación entre pobreza y degradación ambiental. En ese marco surgió el interés por los residuos sólidos, trabajando sobre temas urbanos.

¿Por qué luego se vinculó con el tema de bosques?
Lo que me interesa investigar es cómo es el vínculo entre los actores estatales y sociales en las cuestiones ambientales y qué efectos tiene en las políticas públicas. Entonces pensé en que podría ser interesante investigar sobre la gestión de bosques, porque fue el momento en que se empezó a debatir la Ley de Bosques (26331). Casualmente, en ese momento me contactaron de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente de la Nación para armar un programa de investigación.

María Matilde Ollier (decana saliente) junto a Ricardo A. Gutiérrez

¿Cómo se vincula el tema ambiental —que podría pensarse más desde carreras ligadas a las ciencias duras— con la ciencia política?
Los problemas ambientales son sociales, políticos y económicos. Generalmente las causas de degradación ambiental tienen que ver con actividades económicas. Pero estas actividades son reguladas por el Estado, por eso son problemas económicos y políticos. Por otra parte, cualquier solución a esos problemas tiene que ser política, porque las leyes no surgen de consensos de expertos, sino por eventos y procesos políticos. La política es parte del ambiente.

¿Cómo ves la política ambiental en la Argentina?
Hoy estamos mal, pero hubo avances en la política ambiental a partir de la década del ’90. Por ejemplo, la introducción del artículo 41 del derecho al ambiente sano en la Constitución Nacional. Ese es un gran avance porque obliga al Estado argentino a proteger el ambiente y, por otro lado, le ha servido mucho a las organizaciones sociales para reclamar ese derecho.

En los ’90 se creó nuevamente la Secretaría de Ambiente, que había sido eliminada por la dictadura. A partir de 2002 se sancionó la mayoría de las leyes ambientales argentinas, lo cual fue un gran avance.

La Ley de Bosques es la mejor ley ambiental porque introduce ciertos instrumentos que no hay en otras leyes —como el ordenamiento territorial y el fondo de bosques— y es la única que ha tenido efectos concretos sobre el ambiente. Según los estudios que nosotros hicimos, la aplicación de la ley tiene efectos en la deforestación. Lo concreto es que se ve una disminución de la tasa de deforestación desde que fue promulgada en 2007.

Pero aun con todos estos avances, la frontera agrícola se sigue expandiendo, por ejemplo, sobre territorios de comunidades indígenas.
Es cierto pero lo que se infiere de nuestros resultados es que habría sido peor si no se hubiera aplicado la Ley de Bosques. Hasta el 2007 la tasa de deforestación era altísima y después empezó a bajar. Eso fue un efecto de la implementación de la ley. Hay casos concretos de deforestación ilegal y de avances sobre los derechos de comunidades campesinas-indígenas, pero habrían sido mucho más sin ley. Por eso, lo que hace falta es más ley. Si la ley fuese aplicada tal cual como está establecido, el efecto sería aún mejor. Por ejemplo, la ley indica cuál debería ser el presupuesto a aplicarse al fondo de bosques para la compensación por no desmontar, pero en todos estos años desde 2007 nunca llegó al 10 % de lo que establece. El Estado no cumple con la ley. 

Como especialista en gestión de residuos y teniendo en cuenta que en San Martín hay mucha gente que vive de la basura, ¿se imagina un vínculo más consolidado entre la EPyG y el territorio de José León Suárez?
Sí, pero siempre dentro de limitaciones. Nosotros trabajamos mucho en proyectos de investigación en los barrios de región del Río Reconquista. El municipio podría hacer más de lo que hace, pero tiene ciertos límites porque hay una parte muy importante en cuanto a la gestión de residuos que es responsabilidad de la Provincia. Esto pasa ahora y también pasaba con el gobierno anterior.

Lo máximo que puede hacer un municipio es imponer un buen sistema de recolección diferenciada. Pero es responsabilidad de la Provincia poner plantas de tratamiento e infraestructura que demandan una mayor inversión. También tiene responsabilidad el Estado nacional.

De izq. a der.: Ximena Simpson (secretaria de Extensión), Jacqueline Behrend (secretaria Académica), Ricardo A. Gutiérrez y Leandro Losada (secretario de Investigación)

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Nota actualizada el 2 de septiembre de 2019

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