“Esas formas de ingreso al sector público desde el sector privado pueden perjudicar el interés público y beneficiar a sectores privados específicos. Estos riesgos pueden incluir conflictos de interés y captura de la decisión estatal por parte de poderosos sectores económicos o grandes firmas, cuando los funcionarios privados pasan a ocupar posiciones públicas; o traspaso de información privilegiada, contactos y know-how cuando se abandonan los cargos públicos para acceder a un puesto en firmas privadas, lo que se denomina soborno diferido o retardado”, afirmaron las investigadoras.

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