“En el marco de la puja distributiva, el Gobierno nacional ha manifestado inequívocamente su pretensión de bajar los salarios con un triple objetivo: en primer lugar anclar el ingreso de los trabajadores como mecanismo ‘casi exclusivo’ de contención inflacionaria; en segundo término reducir el ‘costo salarial’ de las empresas, que para el Gobierno oficia como otro incentivo a la anhelada lluvia de inversiones; y en tercer término para contribuir a la reducción del ‘gasto público’, entre otras estrategias, a través de la baja del salario real de los empleados estatales”.

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