Por Gaspar Grieco. Foto destacada: Andrés Wittib (ANCCOM)

El 31 de octubre de 2013, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo, fue informado sobre el descubrimiento de documentos clasificados en el subsuelo del Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

Dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería repleta de documentación rotulada como “Secreto” fueron halladas en el transcurso de una limpieza de rutina. De inmediato, el brigadier se comunicó con el entonces ministro de Defensa Agustín Rossi. Se trataba del descubrimiento documental más importante de los últimos 30 años sobre la última dictadura: 1500 biblioratos con una serie de documentos que luego serían editados y titulados Actas Secretas de la Dictadura, una colección de seis tomos que reúne las 280 actas de las reuniones realizadas por la Junta Militar Argentina —órgano soberano del Proceso de Reorganización Nacional— entre julio de 1976 y noviembre de 1983, hoy publicadas en el portal del Ministerio de Defensa (ver Archivos Abiertos).

Paula Canelo es doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora del CONICET y del Instituto De Altos Estudios Sociales (IDAES), cocoordinadora del Programa de Investigaciones sobre las Dictaduras del Cono Sur y sus Legados, y miembro del Núcleo de Historia Reciente del IDAES. Como parte de su trabajo de investigación, durante los últimos años se dedicó a analizar el corpus completo de las Actas, además de otros documentos reservados denominados Planes Políticos de la Dictadura. El resultado fue la publicación de La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983) (Edhasa), libro en el que analiza la “cuestión política” del Proceso.

“Los militares han sido poco estudiados por las ciencias sociales en la Argentina. Para entender las dictaduras, miramos más a los civiles, en parte por nuestra tradición teórica (heredada de los debates de los años sesenta y setenta) de entender los golpes y las Fuerzas Armadas como instrumentos del capitalismo y de determinadas minorías sociales. Decir que la economía tuvo un rol fundamental es correcto, pero también fueron determinantes los temas políticos”, sostiene Canelo, quien, frente al mapa de investigaciones desarrolladas hasta ahora, propone un nuevo enfoque analítico orientado especialmente a los objetivos represivos y políticos de la Dictadura.

¿Por qué el Gobierno militar decidió mantener en secreto estos archivos?

Durante la última dictadura, el secreto atravesó no solo al aparato represivo clandestino, sino también a la estructura de Gobierno. Las Actas Secretas de la Dictadura nos permiten acceder a los secretos de la Junta Militar, integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en quienes recaían todas las decisiones. Recorriendo las Actas y buscando el rastro de los objetivos políticos del Proceso, podemos reconstruir tanto la dinámica que tenía la Junta como los conflictos existentes entre la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Los documentos que conocíamos hasta la aparición de las Actas, los llamados Planes Políticos del Proceso, llegaban solo hasta 1978. Por eso, todo este corpus nuevo es importantísimo.

Según su libro, los militares querían inaugurar un nuevo ciclo histórico y refundar políticamente la Argentina. ¿La idea era presentarse a elecciones para gobernar por vías institucionales?

Intentaban gestar un nuevo movimiento político, no tanto un partido, porque los militares, en general, desprecian la política y sus instituciones. Uno de los objetivos más ambiciosos de las Fuerzas Armadas fue la creación de un “movimiento de opinión nacional”, conformado por miembros de la élite intelectual asociada, considerados la “dirigencia natural” de la Argentina, los únicos que podían dedicarse a lo que ellos llamaban la “alta política”. En paralelo, buscaban reformar la Constitución Nacional, una apuesta política sobre la que no sabemos casi nada. Miraban lo que hacían la dictadura chilena y la uruguaya, que avanzaron con ese mismo objetivo, pero con resultados disímiles.

¿Buscaban crear un cuarto poder?

Nuestra Constitución prevé la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ellos querían institucionalizar un cuarto poder, que en los documentos aparece denominado, entre muchas otras formas igualmente hilarantes, como “Poder Corregidor”, o “Alta Policía Política”. Ese cuarto poder funcionaría como policía de los otros tres (tendría capacidad de veto) y estaría formado por militares y civiles. Es decir, las Fuerzas Armadas sí tenían la idea de institucionalizarse: buscaban legitimar su presencia como árbitros en el sistema político argentino a través de una reforma de la ley fundamental. Con la creación del cuarto poder, habrían anulado la “necesidad” de ejecutar golpes de Estado y la alternancia de gobiernos. Se habría instalado una democracia a largo plazo, sin peronismo, por supuesto, que, junto con la subversión, era el principal enemigo.

Plan “Nueva República”

¿Qué proyecto tenían para los municipios?

En lo que llamo la “cuestión política” del Proceso había tres objetivos: la institucionalización del poder militar a través de la reforma de la Constitución, la creación del movimiento de opinión nacional y la municipalización de la política. El interés del poder militar por los municipios se dio por la concepción del poder que tenían las Fuerzas Armadas, territorialistas por definición (lo que ellas querían era traducir el control territorial en control político de la población). Para el Proceso, el consenso y la participación política de los ciudadanos no tenía que darse en las altas esferas de la política, sino en el espacio local y en la resolución de los problemas cotidianos del vecino, que debía agruparse en organizaciones pequeñas y controlables, como las sociedades de fomento o las cooperativas barriales, en vínculo cercano con el intendente. El municipio, entonces, a través del control de los barrios, permitiría tener el control territorial total.

¿Los siguientes líderes políticos saldrían de los municipios?

De ese vínculo directo y acotado entre el Gobierno municipal y el vecino tendría que surgir la nueva dirigencia; los líderes naturales, funcionarios herederos del Proceso. Luego, el plan era testear a esos líderes municipales en el plano provincial, como gobernadores, por ejemplo. Y, finalmente, ver de qué manera podrían llegar a proyectarse como candidatos para el nivel nacional. Las Fuerzas Armadas sabían que, en algún momento, iban a tener que llamar a elecciones. Asimismo, la municipalización de la política era una manera de testear el humor social, la legitimidad de la Dictadura, el consenso con el proyecto.

¿Qué rol jugaron los intelectuales civiles en el entramado político del Proceso?

Yo analizo a dos importantísimos intelectuales: el socialista Américo Ghioldi y el liberal Jaime Perriaux, cuyos pensamientos reflejan cómo, aun desde fracciones políticas opuestas, muchos civiles se convirtieron en operadores políticos fabulosos del Proceso. Las diferencias entre ellos también dejan ver cómo el antiperonismo es capaz de acercar las posiciones más distantes: Ghioldi era un líder socialista, y Perriaux, un liberal recalcitrante. Ghioldi fue funcionario del Proceso (embajador en Portugal) y estuvo muy vinculado con la Secretaría General de la Presidencia, manejada por el general José Villarreal y el civil Ricardo Yofre. A su vez, si bien Perriaux no ocupó un cargo formal, fue uno de los principales tejedores de redes, alianzas y usinas para la Dictadura: por ejemplo, creó el Grupo Azcuénaga, la “mesa chica” de intelectuales orgánicos de la Dictadura, conformada por académicos y empresarios. A estos dos intelectuales, que están separados por grandes distancias ideológicas, los unen algunas cuestiones básicas: la primera es el antiperonismo visceral; la segunda es el elitismo, la idea de que la política tiene que ser practicada por las élites, de que tiene que ser el ejercicio de unos pocos porque, si participan muchos, el resultado inevitable es el peronismo, el populismo. Además, comparten una visión “decadentista” de la historia: la idea de que la Argentina fue un país destinado a las grandes ligas en el concierto internacional, la adhesión al mito de la “Argentina rica”, propio del modelo agroexportador, el “granero del mundo”, hasta que esa promesa de gloria se vio truncada por la irrupción de las masas y el peronismo. Para ambos, el tema de la crisis argentina empieza con la llegada del peronismo, con la llegada de las masas a la política.

 Carta de Américo Ghioldi al secretario General de la Presidencia José R. Villarreal

El libro hace mención al proceso de compatibilización política de las tres fuerzas armadas. ¿En qué consistió el proyecto?

La planificación forma parte del funcionamiento básico de las Fuerzas Armadas como burocracias, la política se les escapa, les es hostil; por eso, se ponen en marcha los procedimientos burocráticos, porque permiten prevenir riesgos y dan la ilusión de control sobre el proceso político. Esto es lo que buscó el Proceso mediante la llamada “compatibilización” de los planes políticos, uno por cada una de las tres Fuerzas Armadas. En este sentido, esa dictadura fue diferente a otras; por primera vez en la historia, las Fuerzas Armadas se involucran en el ejercicio del Gobierno. Eso supuso la necesidad de ponerse a diseñar formas nuevas para la toma de decisiones que las incluyeran a las tres por igual. Así, apareció el tema de la “compatibilización”, el nombre que las Fuerzas Armadas le adjudicaron al procedimiento que les permitiría conseguir el consenso. Las Actas muestran que el Plan Político se diseña en dos etapas: una que llamaron “intrafuerzas”, en la que cada fuerza consensuaría internamente un plan; y otra que denominaron “interfuerzas”, en la que se pondrían de acuerdo las tres. Así aparecieron tres planes políticos en la primera etapa, y luego se pasaría a la compatibilización interfuerzas en el seno de la Junta. Pero, desde entonces, por distintos motivos, todo el plan político de la Dictadura fracasa.

¿A qué se debió ese fracaso?

En las Actas se ve que, a pesar de sus intenciones iniciales, la Junta Militar va abandonando esta idea de Plan Político por tres causas fundamentales. Primero, porque en diciembre de 1978 renuncian los integrantes de la Secretaría General de la Presidencia, que es el órgano en el que estaba formalizada la relación de la Dictadura militar con los partidos políticos, especialmente la Unión Cívica Radical balbinista y los pequeños partidos provinciales de derecha. ¿Por qué la Dictadura prefiere estos partidos políticos? Porque prometen tener el caudal electoral suficiente para derrotar al peronismo en elecciones. Segundo, un hecho absolutamente decisivo desde el punto de vista político es la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en septiembre de 1979. La visita tiene un impacto público demoledor y logra exactamente lo contrario a lo que la Junta Militar quería, que era clausurar el tema de la “lucha antisubversiva”.

La presencia de la Comisión en el país reabre el tema en forma inmanejable: por un lado, tiene ese efecto no deseado y, por el otro, la Comisión emite informes sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina que son extremadamente desfavorables al Gobierno. A pesar de todos los intentos de control, la Comisión logra detectar que en la Argentina se habían cometido numerosas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que muy probablemente los desaparecidos estaban muertos y, además, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad habían participado en forma organizada. La tercera causa de la derrota del Plan Político de la Dictadura es la guerra de Malvinas. A partir de la derrota, la Junta Militar pierde completamente la capacidad de negociar con la dirigencia política argentina. La guerra les hace perder la condición de Fuerzas Armadas victoriosas, lo que era sin dudas el principal capital político de los militares y su prenda de negociación con los civiles. Esto se debe a que, en un escenario político militarizado como el de mediados de los setenta en la Argentina, las Fuerzas Armadas eran el actor que poseía el mayor capital político posible. Mientras se mostraron victoriosas en el terrorismo de Estado, los políticos les permitieron mantener el control del juego, pero, en cuanto perdieron la guerra externa, ya no les resultó posible continuar controlando el escenario.

¿Qué cree que puede aportar la apertura de los archivos de Estados Unidos y del Vaticano?

La desclasificación siempre es buena. Pero hay que tratar de evitar el fetichismo, la sobrevaloración de los archivos, que es lo que sucede muchas veces cuando son secretos. Siempre se tiene una mirada esperanzada sobre la posibilidad de que estos archivos nuevos nos permitan conocer el destino de los desaparecidos y encontrar a los nietos que continúan apropiados. Es lo primero que vamos a buscar. No sabemos si esos archivos nos van a decir algo sobre todo eso que nos hace tanta falta, pero sí es cierto que la desclasificación siempre es positiva porque le permite a la justicia, e incluso a la sociedad, la posibilidad de acceder a la producción de altos órganos políticos que fueron claves para entender cómo funcionaron las dictaduras, cuáles fueron sus objetivos, cómo fueron posibles. Siempre hay mucha esperanza, aunque a veces las fuentes no contienen nada relevante. Lo importante es que se abran a la sociedad. En este sentido, la cuestión de la digitalización y la accesibilidad es muy importante. El común de la gente no va a ir a meterse al archivo de las Fuerzas Armadas, no va a realizar los trámites burocráticos necesarios para acceder a ese corpus, por eso es fabuloso el trabajo que realizó el Ministerio de Defensa con la gestión de Agustín Rossi, gracias a la que se pudieron digitalizar completamente las Actas Secretas.

¿Por qué conmemorar 40 años del Golpe?

Yo creo que estamos en una coyuntura muy particular, en una suerte de bisagra. Cuando uno analiza las conmemoraciones de 1986, 1996 y el 2006, ve que la valoración de las consignas “memoria”, “verdad” y “justicia” fue aumentando, creció la presencia pública y la cantidad de actores involucrados. Luego, llegó la presencia decisiva del Estado y se instauró el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto con un conjunto de medidas que instalaron la cuestión de los derechos humanos en la agenda y la transformaron en política de Estado. La última marcha del 24 de marzo fue muy significativa y conmovedora, y tuvo un componente político muy marcado, cosa que hay que celebrar. Pero algo importante que siempre debemos recordar es que la legitimidad social de las consignas no es algo dado en sí mismo, sino el resultado de duras luchas históricas que han venido librando los organismos, con todo su ejemplo y liderazgo, desde 1976 hasta hoy. Nada es dado, tenemos que darnos cuenta de que todo lo que logramos como sociedad en ese plano es construido, político e histórico, y que, por lo tanto, esa memoria puede ser revertida. Siempre está latente la amenaza de la reversión histórica, dado que hay muchas memorias en disputa, muchos grupos que van a buscar imponer (y lo están haciendo) sus propios criterios de verdad sobre lo ocurrido en nuestro pasado reciente. Hoy debemos ser muy cuidadosos porque tenemos muchísimo que perder. También creo que tenemos que entender que el Proceso fue una experiencia política, histórica y social, y que es necesario aceptar que fuimos una sociedad que creó las condiciones históricas para entregar a una generación entera a la muerte más cruel, a la muerte sin tumba. Es fundamental avanzar en la explicación sobre qué fue lo que sucedió y cómo fue posible que ocurriera.

¿Cómo trabajan en la UNSAM desde el Programa de Dictaduras del Cono Sur y el Núcleo de Historia Reciente?

Somos un grupo de investigadores, becarios y tesistas vinculados al IDAES. Tratamos de renovar las miradas existentes sobre nuestro pasado reciente poniendo énfasis en el compromiso con el trabajo de investigación, en la construcción de conocimiento crítico y novedoso sobre lo que sabemos, enseñamos y brindamos a la sociedad. De la mano de las políticas de la memoria que fueron desarrolladas en la última década, hubo una verdadera revitalización de los estudios sobre el pasado reciente, y eso fue lo que permitió buscar, hallar y analizar maravillosas y nuevas fuentes que, sin dudas, nos van a permitir avanzar mucho sobre lo que sabemos de la Dictadura. La investigación que presento en mi libro quiere ser una muestra más del trabajo comprometido que se realiza en la UNSAM, en el CONICET y en la Universidad de Buenos Aires, que es posible gracias al financiamiento del Estado sostenido en el largo plazo.